Cientos de familias abandonan sus comunidades en Chihuahua por amenazas, asesinatos y control criminal

La Misión Civil de Observación se reunió con alrededor de 200 personas desplazadas y documentó casos en Chihuahua, además de familias provenientes de Durango y Sinaloa

El control territorial ejercido por grupos del crimen organizado, los ataques armados, amenazas, asesinatos y violencia sexual, así como el reclutamiento forzado de jóvenes, el cobro de piso y el bloqueo de carreteras, han obligado a cientos de familias a abandonar sus comunidades en Chihuahua, de acuerdo con el “Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026”.

Yareli Rivera, integrante de Serapaz, explicó que la Misión Civil de Observación se realizó en mayo de 2026 y permitió reunirse con alrededor de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno, así como con representantes de comunidades asentadas en el Triángulo de Atascaderos, Coloradas de la Virgen y La Sierrita, en el municipio de Guadalupe y Calvo; El Manzano, en Uruachi; Monterde, en Guazapares; y otras localidades de Chihuahua.

Además, se documentaron casos provenientes de Tamazula, Durango, y la Mesa de San Miguel, Sinaloa, con el objetivo de conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las familias que han tenido que abandonar sus comunidades.

La presentación de resultados se realizó de manera simultánea en Ciudad de México y Chihuahua, donde representantes de las organizaciones participantes dieron a conocer el informe de actividades, así como sus conclusiones y recomendaciones para la atención de esta problemática.

Saulo Loya, de Tlachinollan, destacó que, aunque existen 89 carpetas de investigación, hay muchos otros casos que no han sido denunciados debido al temor de las víctimas a sufrir represalias.

A su vez, Nataniel Hernández, de la Red TDT, señaló que, si bien existe una mesa interinstitucional para atender el desplazamiento forzado interno en el estado, esta no resulta suficiente, debido a la falta de una política pública con una estrategia integral que permita prevenir el desplazamiento de comunidades enteras.

También consideró necesario que el Gobierno Federal reconozca plenamente la problemática, pues, de acuerdo con su señalamiento, las dependencias no están atendiendo las causas que originan el desplazamiento.

Cifras no revelan la magnitud del desplazamiento forzado en Chihuahua

Chihuahua es uno de los estados con un alto índice de desplazamiento forzado interno; sin embargo, hasta la fecha no existe una dimensión exacta del fenómeno.

Durante la presentación del informe en Chihuahua, Mariana Villarreal, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), explicó que no existen cifras oficiales sobre el número de personas desplazadas por la violencia en el estado, debido a que ni el Gobierno de Chihuahua ni la Federación cuentan con un registro de víctimas.

Señaló que el fenómeno tiene más de una década y que muchas familias optan por no denunciar debido al temor a represalias, por lo que la dimensión real del problema permanece desconocida.

Villarreal refirió que un estudio de la Universidad Iberoamericana, elaborado a partir de información publicada en medios de comunicación, identificó 4 mil 492 personas desplazadas durante 2025.

A esta cifra se suma el reporte de la Comisión para la Atención del Desplazamiento Forzado del Estado de Chihuahua, que recientemente informó haber brindado al menos 5 mil atenciones. Sin embargo, las organizaciones aclararon que este dato corresponde a servicios otorgados y no equivale al número de personas víctimas de desplazamiento forzado.

Por su parte, Víctor Quintana Silveyra, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC), advirtió que el desplazamiento se extiende por una amplia franja de la Sierra, desde Guadalupe y Calvo hasta Madera, particularmente en municipios colindantes con Sinaloa y Sonora.

“La Sierra es el epicentro del desplazamiento forzado en Chihuahua”, afirmó. Diana Villalobos, de Consultoría Técnica Comunitaria; María Teresa Guerrero y Judith González, de Alianza Sierra Madre; y Antonio Alejandro Sánchez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señalaron que la falta de un registro oficial impide dimensionar el problema y diseñar políticas públicas adecuadas.

Las organizaciones también destacaron que las familias desplazadas enfrentan necesidades urgentes de vivienda, seguridad y atención integral, por lo que consideraron necesario fortalecer las acciones institucionales para atender tanto las consecuencias como las causas que originan el desplazamiento forzado en el estado.