Llevan representantes del campo chihuahuense retos y necesidades del sector al Senado

Representantes agrarios de Chihuahua participaron en un congreso nacional e internacional en el Senado, donde se analizaron los desafíos jurídicos del campo mexicano

Representantes del sector agrario en el estado de Chihuahua, expusieron los retos y las necesidades del campo en el Senado de la República, durante la celebración del XXVIII Congreso Nacional y VIII Internacional de Derecho Agrario.

El encuentro reunió a colegios de abogados agraristas, especialistas, académicos, estudiantes, instituciones públicas y representantes de los tribunales agrarios de distintas entidades del país, fue presidido por el magistrado Rubén Gallardo Zúñiga y se desarrolló mediante plataformas digitales, lo que permitió la participación de especialistas y representantes de diversas regiones de México, así como de invitados internacionales.

Durante las jornadas se abordaron temas fundamentales para el presente y futuro del campo, incluyendo una visión integral del derecho agrario, los nuevos paradigmas jurídicos, la relación entre legislación y medio ambiente, la situación del derecho agrario en las entidades federativas, las perspectivas de los congresos regionales y las nuevas aportaciones de académicos y universidades.

Asimismo, se analizaron los criterios de la SCJN en materia de amparo y su relación con los conflictos agrarios, esto como parte de las actividades se realizó la entrega de reconocimientos y de la presea Andrés Molina Enríquez, en reconocimiento a las aportaciones al desarrollo del derecho agrario.

De igual forma, en representación del Colegio de Abogadas y Abogados Agraristas de Chihuahua, su presidente, Jorge Pazos Linares, expuso la importancia de fortalecer el derecho agrario y su vinculación con otras ramas jurídicas, particularmente frente a los nuevos desafíos económicos, sociales y territoriales que enfrenta México.

Uno de los temas centrales de su intervención, fue la relación entre la minería y la propiedad social de la tierra, un asunto que consideró de especial importancia para el futuro de los ejidos y comunidades agrarias.

Agregó que es necesario comprender la distribución de las actividades mineras y distinguir entre los recursos energéticos reservados al estado, como los hidrocarburos y el litio, y aquellos minerales cuyo aprovechamiento puede desarrollarse mediante concesiones a particulares, conforme al marco constitucional y legal.

Resaltó que el petróleo y los hidrocarburos representan una fuente importante de ingresos para el país, mientras que el litio continúa en una etapa de desarrollo y exploración, por lo que todavía existen importantes retos para determinar su aprovechamiento económico.

Expuso que la legislación minera contempla mecanismos mediante los cuales los ejidatarios pueden participar en los procedimientos relacionados con las concesiones; sin embargo, existen dudas e incertidumbre sobre las condiciones reales para que los propietarios sociales de la tierra puedan incorporarse como participantes o copropietarios de los proyectos mineros.

Advirtió que las disposiciones legales actuales todavía presentan vacíos y áreas de incertidumbre que pueden convertirse en fuentes de conflictos entre empresas, propietarios de tierras y comunidades agrarias, por lo que planteó la necesidad de fortalecer y revisar el marco jurídico minero, particularmente en su relación con la legislación agraria.

Jorge Pazos mencionó que el derecho agrario no puede permanecer limitado a los conflictos tradicionales de ejidos y comunidades, sino que debe evolucionar para responder a las nuevas realidades económicas, ambientales y sociales del país.